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Demandan al gobierno de Biden por restringir el asilo

dalmaguer   Junio 13, 2024   |

Los migrantes que no expresen temor de regresar a sus países, podrían ser expulsados en días u horas


Grupos defensores de inmigrantes demandaron a la administración Biden por la orden ejecutiva que detiene las solicitudes de asilo en la frontera sur. Argumentan que es similar a una medida del gobierno de Trump que fue bloqueada por tribunales.

La demanda, presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otros en nombre de Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES, es la primera prueba de la legalidad de las amplias medidas de Biden en la frontera.

La orden ejecutiva fue emitida después de meses de deliberaciones en la Casa Blanca y está diseñada en parte para desviar los ataques políticos contra el presidente por su manejo de la inmigración.

“Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

La orden de Biden limitaría el procesamiento de asilo cuando los encuentros con migrantes entre los puertos de entrada alcancen los 2 mil 500 por día. Entró en vigor de inmediato porque las últimas cifras eran mucho más altas, de alrededor de 4 mil por día.

Las restricciones estarían vigentes hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1,500 por día entre puertos de entrada, en un promedio de siete días. 

Pero no está claro cuándo podrían bajar los cruces irregulares: la última vez que se registraron menos de 1,500 fue en julio del 2020, durante la pandemia de covid-19.

La orden entró en vigor el 5 de junio y funcionarios de la administración Biden dijeron que esperaban niveles récord de deportaciones.

Pero los activistas argumentan que suspender el asilo para quienes llegan a un puerto de entrada oficial (algo que el gobierno desea que hagan los migrantes) viola la ley federal de inmigración.

Biden invocó la misma autoridad legal utilizada por la administración Trump para su prohibición del asilo, que se rige por la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite al presidente limitar el ingreso de ciertos inmigrantes si su entrada se considera “perjudicial” para el interés nacional.

Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump durante su campaña, y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. 

Por ejemplo, las víctimas de trata de personas, los menores no acompañados y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a estos límites.

“Respaldamos la legalidad de lo que hemos hecho”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa This Week de la cadena ABC, antes de que se presentara la demanda, y en el que ya anticipaba los desafíos legales. 

Según la directiva de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera pero no expresen temor de regresar a sus países de origen, podrían ser expulsados de Estados Unidos en cuestión de días u horas. 

Además, podrían enfrentar castigos como la prohibición de reingresar al país por cinco años o incluso un proceso penal.

En cambio, aquellos que expresen miedo o intención de solicitar asilo, podrán exponer su situación a un funcionario, que hará un análisis de cada caso, pero con un estándar más alto que el utilizado anteriormente. 

Si pasan la evaluación, pueden buscar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe devolver a las personas a un país donde es probable que enfrenten tortura.


Con información de lavisionatl.com

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